EDUCACIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA
Se denomina educación pública al sistema nacional educativo de cada país que comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos. La educación pública queda a cargo del gobierno quien llega a proporcionar la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la realización de los estudios.
La educación privada es aquella que se imparte en colegios o academias administrados por personas o instituciones que no dependen del funcionamiento del departamento de educación.
La educación privada en México se inicia desde tiempos de la colonia cuando los llamados preceptores se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes. Si bien desde los albores del siglo XVI existió en la Nueva España la preocupación por educar, no fue sino hasta principios del XVII cuando esta actividad fue normada por el gremio de maestros y por el ayuntamiento, de modo que las escuelas de primeras letras funcionaron bajo la jurisdicción de la corona española.
A partir de la expedición de la cortes de cádiz en 1812 la vigilancia sobre la educación quedó en manos del ayuntamiento. Esta misma distribución de la responsabilidad educativa se continuó en las constituciones estatales del México independiente promulgadas entre 1824 y 1827, lo que supone, por tanto, una larga tradición e vigilancia sobre todos los aspectos de la vida educativa, incluyendo a las escuelas particulares, cuyos dueños y clientela se encargaban de cubrir los gastos.
La independencia no interrumpió la continuidad del proceso de reforma de educativa que promovieron la cortes de cádiz, ni tampoco frenó otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública general y la formación de un órgano estatal que centralizara y organizara las actividades en este ramo. Esto se explica en tanto que esas tareas estaban encaminadas a dar cohesión y sentido a la nueva nación y con ello a legitimar su permanencia.
En el mundo hispánico la educación encontró su razón de ser en la tradición católica, lo que le imprimió su carácter de unidad ideológica y cultural. En el México independiente, si bien el proceso de secularización había conducido a que el estado asumiera casi toda la responsabilidad educativa, no con ello se pensó en relevar por completo a la Iglesia de sus funciones docentes. Bajo la vigilancia de los órganos estatales, se insistió que debería continuar desarrollando tareas educativas para cubrir la demanda de las escuelas de primeras letras. Entre 1786 y 1817 se habían expedido decretos que exigían a la Iglesia que cumpliera con su obligación de abrir escuelas gratuitas de primeras letras, (llamadas desde tiempo atrás "escuelas pías"), no sólo en los conventos, sino en cada parroquia. El interés del ayuntamiento era obvio, pues a través de esta instancia, la Iglesia ofrecía educación gratuita a los niños sin recursos.
La exigencia de que la Iglesia participara en la educación como parte del proyecto de instrucción pública fue una idea permanente en los inicios del siglo XIX, que se dejó ver en los planes y reglamentos de la época. Se especificaron los límites de la educación particular en el "reglamento general de instrucción pública" expedido por las cortes españolas el 29 de junio de 1821, el cual tuvo gran influencia sobre los planes educativos del México independiente. Las escuelas particulares gozaron de una libertad condicionada, ya que desde un principio se les fijaron ciertas restricciones. En el proyecto del reglamento general de instrucción pública de 1823 se decía que "todo ciudadano tiene facultad de formar establecimientos particulares de instrucción en todas las artes y ciencias, y para todas las profesiones, pero el estado se reservaba la autoridad de supervisar y asegurarse de que los maestros de estas escuelas tuvieran las aptitudes y preparación necesarias para la enseñanza".
Efectivamente la libertad educativa consistía entonces en que los maestros de las escuelas particulares no tuvieran que ser examinados, lo que sí sucedía con los maestros del ayuntamiento, aunque el estado se encargaba de que los maestros particulares observaran las reglas de la buena policía pusieran la mayor vigilancia para que las máximas y doctrinas que enseñen sean conformes a la constitución política de la nación, a la sana moral. Desde entonces no hubo duda de que el estado velaría porque la educación se ajustara a lo que éste consideraba "buena policía", y a los principios emanados de la constitución y calificaría la pertinencia de los maestros según los límites fijados en la ley. Las reformas llevadas a cabo por Valentín Gómez Farías en 1833 reiteraban la obligación que tenía la Iglesia para abrir escuelas de primeras letras en parroquias y casas de religiosos haciendo hincapié en que tenían que ser gratuitas, razón por la cual formaban parte del sistema público de educación.
El concepto de educación particular empieza a adquirir sentido más por razones de pertenencia a un estrato social determinado que sólo por cuestiones ideológicas. Los maestros particulares, que daban clases de baile, música o dibujo a domicilio y que siempre habían existido así como los ayos, dedicados a la educación de niños de la aristocracia dentro de sus propios hogares, hacia 1830 empiezan a abrir escuelas reforzadas con la llegada de maestros franceses para un alumnado capaz de sostenerlas, sin recibir ningún subsidio del gobierno. Estos establecimientos se consideraron entonces como escuelas privadas, en tanto que las de la compañía lancasteriana y las de los conventos y parroquias eran gratuitas y por lo tanto públicas. Esta distinción económica no las excluía de la vigilancia del estado, en el sentido de que no podían enseñar nada contrario a la moral ni a las reglas del gobierno.
En las primeras leyes de instrucción pública, tanto de liberales como de conservadores, se insistió en la libertad de enseñanza entendida en formas distintas. En los debates constitucionales de 1857 se percibió ya la conciencia de que el medio para romper el poder ideológico de la Iglesia no era mediante el fomento a la enseñanza privada, sino al contrario, con el fortalecimiento de la instrucción pública.
La paulatina pero creciente secularización que se fue operando en consonancia con las ideas liberales del siglo XIX minó el consenso católico, es decir, se redujeron los espacios del culto, y se amplió el terreno de la vida secular. A partir de ese momento, existió de parte de quienes defendían ideas distintas, la necesidad de crear generaciones nuevas que reprodujeran y defendieran los diferentes puntos de vista. Desde tiempos de la república restaurada, la escuela católica se traduce como escuela privada, en oposición potente a la de gobierno y a las políticas apoyadas por el positivismo y la indiferencia religiosa del ayuntamiento. Estas escuelas estaban inmersas dentro de una cultura que privilegiaba el conocimiento de la doctrina cristiana como único medio de asegurar la sobrevivencia moral de la sociedad, y como único medio de normar las relaciones dentro de la familia. La escuela particular en México adquirió desde entonces el sentido que tiene actualmente, de ser una opción a la escuela estatal, donde las políticas oficiales pueden ser cuestionadas y aún combatidas. La escuela católica surgió como un lugar donde se rechazaron las leyes de reforma, donde se criticaron violentamente las políticas anticlericales del gobierno, pero sobre todo como un espacio donde podrían reproducirse los valores y las tradiciones católicas. En los años del porfiriato la Iglesia y el estado mantuvieron la confrontación iniciada en el siglo XIX por el poder sobre la orientación y la dirección de la educación. Sin embargo, Díaz no pretendía tener al clero por enemigo; por el contrario, buscó su alianza, aunque sin modificar las leyes de reforma; al triunfo de los liberales, decidió seguir una política de condescendencia y tolerancia con la Iglesia que le permitió alcanzar la paz. Gracias a esta postura del dictador, la Iglesia se reorganizó y obtuvo los espacios suficientes para intervenir en la educación.
La ideología educativa oficial no logró ocultar las continuas concesiones a la escuela confesional, como lo demuestra la creación de nuevas diócesis, de nuevos conventos para hombres y para mujeres, el gran número de órdenes religiosas que llegaron a México a fundar sus escuelas, que con las ya establecidas, funcionaron sin ningún problema por parte del estado. Los ataques desde el seno de la Iglesia contra el régimen no descalificaban la dictadura, sino la filosofía positivista, atea, que la permeó. Los liberales continuaron sus esfuerzos para evitar que la educación siguiera en manos de la Iglesia, pero la tolerancia de don Porfirio le concedió una posición de privilegio. Gran parte de las primarias particulares dependían de las parroquias o de maestros muy acreditados en las localidades, escuelas pequeñas pero con prestigio social. Las preparatorias (que incluían tanto a la secundaria como a la preparatoria propiamente dicha), dependían en su mayoría de los seminarios diocesanos. El crecimiento de la educación confesional fue considerable en la época porfirista; sin embargo, la política planificadora del secretario Joaquín Baranda mantuvo el predominio del estado y sus escuelas sobre la iniciativa privada; en l888 se promulgó la ley de enseñanza obligatoria, aunque sólo el 33% de los niños acudían a la escuela primaria. Los datos sobre las escuelas son contradictorios, aunque todos coinciden en señalar un predominio de las oficiales. Moisés González Navarro, basándose en un informe de la época, afirma que las escuelas del estado representaban el 77% del total, dejando el restante 33% a las escuelas particulares. Consideraba que en l910 acudían a las escuelas oficiales 733 247 niños en tanto que a las particulares iban 167 756, un 22.8%. Otros datos señalan que las escuelas particulares eran entonces 2,230, (el l8.7% del total); en tanto las oficiales eran 9,710, (el 81.3%). Para el Distrito Federal se habla del funcionamiento de 238 escuelas privadas con una asistencia de 12 287 alumnos, en tanto que las oficiales eran 390, con 51 555 alumnos. La sociedad porfiriana se encontraba polarizada; por un lado la inmensa mayoría de la población, de extracción rural vivía en condiciones de supervivencia, y por otro, un pequeño sector era dueño de un gran poder económico que buscaba en la educación algo más de lo que ofrecía la escuela oficial. Como señala Pani "las familias ricas tenían repulsión por las escuelas oficiales" y por ello buscaron la creación de las escuelas del clero, o de las escuelas para grupos de extranjeros que también anhelaban una educación diferente. La paz porfídica permitió, en los inicios del siglo XX, el advenimiento de muchos grupos de religiosos y religiosas que abrirían las puertas de sus escuelas para convertirse en las escuelas particulares de mayor prestigio en el país. Lasallistas, jesuitas, maristas, salesianos, religiosas de la enseñanza, josefinas, religiosas del sagrado corazón, hermanas de la caridad del verbo encarnado, teresianas, ursulinas, salesas, esclavas del divino pastor, entre otras. Un número muy considerable de escuelas confesionales se abrieron en muy poco tiempo. No existen datos precisos sobre este punto ya que las escuelas no tenían que manifestarse como religiosas o no, y tampoco se hacían encuestas periódicas y confiables. Sin embargo se puede afirmar que hubo un aumento de la educación privada a finales del porfiriato de escuelas que demostraron tener un gran arraigo en la población.
La revolución trajo consigo infinidad de cambios en las instituciones y en la vida general del país. Las escuelas particulares sufrieron pocos trastornos en los primeros tres años del movimiento, ya que el régimen maderista fue moderado en su trato con las instituciones educativas y no intervino en el funcionamiento de las escuelas confesionales.
El año de l9l4 marcó una fecha definitiva en cuanto a la vida de los colegios particulares, fundamentalmente los católicos. Fue sin duda su año más difícil durante la etapa revolucionaria. Diferentes facciones, algunas anticlericales, acusaron a los religiosos, no sin razón, de apoyar al régimen de Victoriano Huerta, por lo que intensificaron la persecución de sacerdotes y montaron una campaña en contra de las escuelas que éstos dirigían; la lucha fue enconada, por lo que muchos planteles cerraron durante algunos años o desaparecieron definitivamente. Hay quienes aseguran que en ese año todos los colegios sufrieron la clausura de sus actividades a mano militar. Cuando la revolución armada llegó a su fin, el país entró en un período de reconstrucción que no sería fácil. Al quedar Venustiano Carranza como jefe supremo de la nación convocó el l4 de septiembre de 1916 al congreso constituyente donde presentó un proyecto de constitución que mantenía muchos de los principios liberales de la anterior carta magna de 1857. El proyecto, de tendencia conservadora, no agradó a la mayoría parlamentaria, a la que pertenecía el nuevo sector liberal triunfante en la lucha revolucionaria, el cual más que un cambio en el aspecto de organización política, buscaba una transformación económica y social.
En materia de educación, el proyecto carrancista proclamaba que la enseñanza sería laica en establecimientos oficiales, y gratuita la primaria elemental y superior impartida en ellos. Este artículo sostenía el laicismo sólo para las escuelas dependientes del gobierno; las instituciones particulares quedaban en entera libertad de acción y el estado no tenía derecho de intervenir en las políticas educativas de éstas. La redacción del artículo educativo, tal y como lo proponía Carranza, favorecía sin duda a los católicos y a sus escuelas, pues les permitía buenos espacios para su funcionamiento. Este era el texto de dicho artículo: Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria y elemental que se imparta en los mismos establecimientos.
Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada por el constituyente, que buscaba un cambio sustancial sobre todo en lo relativo a cuestiones religiosas; por consiguiente, optó por el proyecto de la comisión encargada de la redacción del artículo tercero. Esta propuso extender el laicismo a las escuelas particulares de educación primaria, así como prohibir a miembros de asociaciones religiosas establecer, dirigir o impartir enseñanza en los colegios. La nueva reglamentación propuesta recogía algunas de las disposiciones ya puestas en práctica en artículos constitucionales previos y en decretos estatales anteriores; con ella el estado adquiriría control político e ideológico sobre la educación al tiempo que limitaba la acción del clero en la materia.
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